Alak consideró hoy “trascendente” el inicio el lunes pasado en Rawson del juicio oral por la denominada Masacre de Trelew, “porque repara una deuda histórica de la democracia con la militancia; ya que ese hecho fue el embrión del terrorismo de Estado que asoló nuestro país años más tarde, y la continuidad del acoso y  persecución al campo nacional y popular desatados en 1955”.

En ese sentido, el funcionario nacional opinó que “el juzgamiento de los responsables de los crímenes aberrantes ocurridos en los años setenta y ochenta es el mayor desafío afrontado por la Justicia y la sociedad argentinas”; y subrayó que “el auténtico Nunca Más, recién llegará y será una realidad cuando se cierre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia iniciado por Néstor Kirchner en 2003”.

Tras asegurar que “desde 2003 en Argentina no tenemos lugar ni tolerancia para los privilegios, y mucho menos perdón para los responsables de semejante genocidio”; Alak destacó que “la política de derechos humanos es una auténtica política de estado, cuyo mensaje final es un no rotundo a la impunidad”.

La Masacre de Trelew tuvo como escenario la Base Almirante Zar de esa ciudad de Chubut el 22 de agosto de 1972; cuando 19 militantes populares fueron fusilados en los calabozos durante la madrugada. Una semana antes habían fugado del penal de Rawson pero no pudieron abordar un avión en el viejo aeropuerto de Trelew y se rindieron. Sólo tres sobrevivieron.

La apertura del proceso oral contra sus responsables y ejecutores ocurrida el lunes último, a casi cuatro décadas del trágico suceso, según Julio Alak tiene lugar debido a que “la gestión iniciada por Néstor Kirchner en 2003, continuada por Cristina Fernández de Kirchner, promovió un Estado democrático garante de los derechos humanos, capaz de erradicar la impunidad y los efectos perversos que esa ilegalidad tiene sobre la sociedad”.

En el juicio que durará por lo menos tres meses y en el que desfilarán unos 70 testigos, están imputados los Carlos Marandini (cabo) y los capitanes de navío Luis Sosa, Emilio del Real, Rubén Paccagnini, Jorge Bautista, Horacio Mayorga y Roberto Bravo, que desempeñaban tareas en la base Almirante Zar. Paccagnini y Mayorga están imputados por ser cómplices necesarios; Bautista, por encubrimiento; y el resto de ser los presuntos ejecutores materiales.

Para el ministro de Justicia “la acción desarrollada desde 2003 en materia de derechos humanos nos permitió recuperar los fundamentos éticos del Estado, que nunca debió haber consentido que los genocidas y asesinos ocupen otro lugar que no sea la cárcel”.