El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, afirmó que "es cínica y deplorable la argumentación de los corifeos políticos del monopolio de prensa, preguntándose ¿por qué investigar ahora?, (el caso Graiver) cuando saben bien que el Fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas, denunció a la Justicia el carácter criminal de la maniobra en 1985, denuncia que no prosperó por el marco de impunidad que se instaló en el país para proteger a los autores de crímenes horrendos contra la humanidad."

Lo expresó en un comunicado de prensa, en el que hace referencia al avance en la articulación jurídica de las pruebas acumuladas que, dice, ratifican los asertos del informe “Papel Prensa S.A. La Verdad”.

Hace saber que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º del Decreto Nº 1210/10 se encuentra abocado, junto al Subsecretario Luis Alén y los miembros de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos, al "análisis riguroso de las conclusiones del informe oficial sobre Papel Prensa dado a conocer por la presidenta Cristina Fernández y de las pruebas que contienen sus más de 27.000 fojas, a las que se suman otras recolectadas por la Secretaría a su cargo". Todo ello para elaborar el escrito de querella que será presentado en pocos días ante el juez competente.

“El avance en la articulación jurídica de las pruebas acumuladas –agrega-, ratifica los asertos del informe de la Comisión creada por la Resolución 126/10 de la Secretaría de Comercio Interior, y fortalece la convicción expresada por el Juez Federal Dr. Daniel Rafecas en la resolución en la que se declaró incompetente, en cuanto a que la maniobra dolosa de apropiación de las acciones de Papel Prensa por parte de Clarín, La Nación y La Razón, en 1976, se hizo en el marco del plan sistemático de aplicación del terrorismo de Estado por parte de la Dictadura Cívico Militar".

Duhalde agregó que "las argumentaciones actuales de los coautores de aquellos delitos de lesa humanidad, son pueriles y de ningún modo enervan su participación criminal, donde se conjugan coacciones agravadas, secuestros, torturas y homicidio, junto a privaciones ilegales de la libertad, mediante la actuación de una asociación ilícita calificada, dirigida por los miembros de la primera Junta Militar e integrada por otros funcionarios del gobierno de facto y sus cómplices civiles"

Sostuvo que "es cínica y deplorable la argumentación de los corifeos políticos del monopolio de prensa, preguntándose ¿por qué investigar ahora?, cuando saben bien que el Fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas, denunció a la Justicia el carácter criminal de la maniobra en 1985, denuncia que no prosperó por el marco de impunidad que se instaló en el país para proteger a los autores de crímenes horrendos contra la humanidad." "Felizmente -dijo- el país ha cambiado y los principios de Memoria, Verdad y Justicia, tienen plena vigencia.

“Ahora –agrega- el Poder Judicial podrá investigar libremente y llegar a una sentencia ajustada a derecho. Siempre es preferible una justicia tardía a una injusticia eterna".

La Secretaría de Derechos Humanos ya es querellante en la causa por los delitos cometidos contra integrantes del grupo Graiver en los centros clandestinos de detención del circuito Camps, donde como desprendimiento de la misma también tramita la denuncia que presentara en el mes de abril relativa a Papel Prensa S.A., ante el Juzgado Federal N° 3 de la Ciudad de la Plata a cargo del Dr. Arnaldo Corazza, juez competente para entender en la futura querella y al que se aportará el informe de la Comisión por la Verdad.

Finalmente, el Secretario indicó que las actuaciones que se emprendan se coordinarán con las presentaciones que efectúe el Sr. Procurador del Tesoro, Dr. Joaquín Da Rocha, conforme las instrucciones que le impartiera la Presidenta en el artículo 2º del mencionado Decreto 1210/10.